La integración es la consecuencia del principio de normalización, es decir, el derecho de
las personas con discapacidad a participar en todos los ámbitos de la sociedad
recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras comunes de educación,
salud, empleo, ocio y cultura, y servicios sociales, reconociéndoles los mismos derechos
que el resto de la población. La integración educativa debe formar parte de una estrategia
general cuya meta sea alcanzar una educación de calidad para todos.
El argumento esencial para defender la integración tiene que ver con una cuestión de
derechos y con criterios de justicia e igualdad. Todos los alumnos tienen derecho a
educarse en un contexto normalizado que asegure su futura integración y participación en
la sociedad. Una segunda razón por la que surge la integración es que las escuelas
especiales no han proporcionado los beneficios que se esperaban, y el hecho de existir
éstas ha conllevado que un gran porcentaje de alumnos que fracasan en la escuela vaya a
parar a ella.
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